Aplicación de la Ley de Costas

Aplicación de la Ley de Costas

En 2009 el Parlamento Europeo insta a las autoridades españolas a revisar y modificar la Ley de Costas para proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas o parcelas en zonas de costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero. La fundamentación de la actual reforma de la ley de costas se basa en un aprovechamiento económico del litoral sostenible y la relación respetuosa con la protección medioambiental. Pero introduce cambios que, si bien otorgan más seguridad jurídica, certeza y claridad, disminuyen en la práctica las posibilidades de preservación de la franja litoral.

Para ello establece una nueva división de la franja litoral, con cambios legales que limitan la franja protegida y una reducción de la zona de servidumbre. También establece limitaciones a la propiedad privada de los terrenos contiguos al dominio público y modifica las reglas en las concesiones y autorizaciones sobre el dominio público marítimo-terrestre. La prórroga de las concesiones existentes queda sometida a un informe ambiental que deberá determinar los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente. Por tanto la continuidad de la ocupación depende de que la concesión sean ambientalmente sostenible.

Aunque en Galicia 80 ayuntamientos podían solicitar la reducción de la zona de servidumbre de 100 metros desde la línea de ribera del mar a 20, sólo 6 de los 35 concellos que presentaron solicitudes de legalización dentro del plazo de dos años habilitado en la reforma legal, y que ya cuentan con expedientes resueltos, han visto atendidas sus demandas. Esto implica que el número de propietarios de viviendas a los que ha permitido dar seguridad jurídica hasta ahora es muy limitado. Aunque esos 35 ayuntamientos cuyos expedientes ya han sido resueltos por Costas presentaron solicitudes para 176 núcleos, en 69 ámbitos no fueron considerados porque no cumplían las exigencias.

La falta de PXOM es uno de los principales obstáculos para la regularización de los núcleos costeros, como le ha pasado al concello pontevedrés de Vilaboa. Otra dificultad añadida es la alta dispersión edificatoria característica del urbanismo gallego, ya que la regularización está condicionada a que las viviendas en situación alegal conformen un núcleo.

En todo caso, el proceso legal continúa. Por un lado, Costas tiene pendiente de resolver los expedientes de otros 11 municipios gallegos (Cangas, Oia, Poio y Redondela, entre ellos). Y de los 35 concellos cuyas solicitudes ya cuentan con la resolución correspondiente, 8 han presentado alegaciones a los informes del Ministerio de Medio Ambiente. En todo caso, la resolución de los expedientes que se han tramitado no se conocerá hasta finales del 2016.

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